Hace ocho años, justo unos días
antes de unas elecciones generales, España sufrió el ataque terrorista más
cruel de su historia, con el resultado trágico de casi dos centenares de
muertos. Tras esos tensos y dolorosos días, los españoles tuvimos que ir a votar
y decidimos quiénes serían nuestros gobernantes durante los siguientes cuatro
años. Fueron unas elecciones legítimas, pese a que ciertos grupos políticos y
mediáticos pusieron entonces en duda la validez del resultado, y han seguido
haciéndolo incluso durante todos los años que han transcurrido desde entonces.
Hace unos días, los españoles
fuimos convocados de nuevo a participar en unas elecciones generales. Y,
nuevamente, la campaña electoral ha estado marcada por actos terroristas. Terrorismo
económico, también llamado avaricia, especulación, latrocinio o “presiones de los mercados”. En esta
ocasión, los terroristas, seguramente, tampoco estaban “en lejanas montañas”, sino más bien en “despachos cercanos”. Es lo que tiene el terrorismo económico, que
para organizarlo y ejecutarlo no hay que esconderse en cuevas, sino que sus artífices
pueden pasar su jornada laboral sentados en cómodos sillones de cuero y
disfrutando de aire acondicionado. Sin embargo, su objetivo no deja de ser,
como el de otros grupos terroristas, doblegar a los gobiernos y ocasionar
sufrimiento a ciudadanos inocentes.
La principal diferencia entre
estos dos ataques terroristas a la democracia española es que me temo que nadie
va a investigar ni llevar a juicio a los responsables de este último atentado. Es más,
son muy pocos los ciudadanos, y creo que ningún partido político, los que lo
están reclamando.
No creo que debamos dudar de la
legitimidad de los resultados de las últimas elecciones. Se han realizado de
acuerdo con las reglas de juego que nosotros mismos nos hemos impuesto. Pero sí
creo que es el momento de plantearnos comenzar a cambiar esas reglas. Pero eso
es algo que, en mi opinión solo será posible si, como se hizo hace ocho años, se investigan los últimos ataques de
terrorismo económico que hemos sufrido, se desenmascara a los culpables, (a
todos los culpables, estén donde estén) y éstos son llevados ante los
tribunales y juzgados.
Por el bien de nuestra
democracia.